SJM Y CÁRITAS ESPAÑOLA LAMENTAN LOS ESCASOS AVANCES PRODUCIDOS EN LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS CIESXM E CÁRITAS ESPAÑOLA LAMENTAN OS ESCASOS AVANCES PRODUCIDOS NA APLICACIÓN DO REGULAMENTO DOS CIE
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Tras la publicación hace un año del Real Decreto 162/2014 sobre Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros[i] (CIE), el Servicio Jesuita a Migrantes y Cáritas Española hicieron pública una nota de prensa en la que, junto a un balance ponderado del texto, valoraban positivamente algunos avances que se introducían en el mismo.
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En dicha nota, ambas organizaciones señalábamos que “la existencia de este Reglamento beneficia tanto a las personas internas como a los funcionarios y demás personal de los centros pero, sobre todo, nos beneficia a todos como sociedad”[ii].
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El Reglamento, por su parte, manifestaba que “la experiencia adquirida desde la implantación de los centros de internamiento, tanto desde el ámbito del Ministerio del Interior como desde el enfoque aportado por diversos organismos ajenos a dicho departamento y movimientos y colectivos sociales de distinta índole, aconsejan que los centros (…) deban sufrir una profunda reforma que traslade esos cambios demandados a la propia estructura y funcionamiento de los mismos”.
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Desde su publicación, nuestras organizaciones han mantenido una posición permanente de diálogo y transparencia con el Gobierno, a través de la Dirección General de la Policía, para solicitar la implementación de aquellos aspectos recogidos en la norma que consideramos fundamentales para garantizar los derechos de las personas internadas.
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Transcurrido más de un año de la publicación, debemos manifestar públicamente que no se han producido prácticamente avances de ningún tipo.
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Algunos aspectos que no se han puesto en marcha son los relativos a la propia estructura organizativa de los centros. Consideramos especialmente relevante que:
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- No se hayan nombrado los administradores responsables de los servicios asistenciales ni los médicos de la Administración General del Estado responsables de los servicios médicos. Tampoco se han constituido las Juntas de Coordinación, figura fundamental para la planificación y seguimiento de los servicios sanitarios, asistenciales y sociales en los centros.
- Algunos CIE siguen sin tener un régimen general de acceso de ONG.
- No hay servicios de asistencia social[iii] en todos los CIE, decisivos para un acompañamiento personal adecuado a las personas internas e imprescindibles a la hora de detectar posibles perfiles vulnerables como menores, solicitantes de protección internacional o víctimas de trata.
- Los servicios de asistencia sanitaria, responsables no sólo de la asistencia médica y farmacéutica de los CIE, sino de la supervisión de las condiciones higiénico-sanitarias de los mismos[iv], no se prestan en las condiciones necesarias. No hay enfermerías.
- En los Centros no existe un servicio de traductores estable ni accesible cuándo es necesario.
- En la mayoría de los CIE no hay un canal directo de queja de las personas internas al juez de control. Su figura sigue siendo desconocida para la mayoría de las personas internadas. Tampoco se han realizado mejoras sustanciales en las instalaciones, salvo aquellas motivadas por “razones de seguridad”, como, por ejemplo, la instalación de una malla metálica en el patio del Centro de Internamiento de Madrid. En este sentido, persisten graves deficiencias de habitabilidad señaladas por Defensor del Pueblo, Fiscalía y los juzgados de control. Tampoco se constatan avances en cuestiones que no dependen de una dotación presupuestaria, como son normas de funcionamiento donde la prohibición y la sospecha hacia los internos no sea la norma general; o la publicación anual de datos sobre CIE y expulsiones que permitan el oportuno seguimiento de los mismos a la sociedad civil y a los actores públicos encargados de su fiscalización. Animamos a la comunidad cristiana y a la sociedad en general a estar alerta frente a estos espacios opacos que tanto sufrimiento personal y familiar generan, en los que encerramos a personas migrantes por una simple infracción administrativa, por no tener papeles.
- Si hace un año abrigábamos motivos para la esperanza, hoy los tenemos para la decepción y la preocupación. Pero, también, contamos con más razones que nunca para seguir acompañando a las personas migrantes en la defensa por sus derechos, con la convicción de que es el conjunto de la sociedad la que avanza cuando se respeta la dignidad de cada persona.
- A la vista de todo ello y de la reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo declarando inaplicables o nulos algunos artículos del Reglamento, añadido a la sucesión de denuncias y falta de derechos en estas instalaciones, sobran razones para proceder al cierre de los CIE y avanzar en la búsqueda de otras alternativas. Recordamos, no obstante, que en tanto existan personas migrantes que sigan estando internas, sus derechos deben respetarse.
- Muchas de las razones aducidas para no acometer estas mejoras se basan en la falta de recursos, algo que sin embargo no parece ser óbice para la construcción de nuevos CIE[v]. Por otro lado, en la nota de prensa del Ministerio sobre aprobación del Reglamento se manifestaba que el Reglamento venía acompañando de un incremento de los recursos económicos[vi].
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Tampoco se constatan avances en cuestiones que no dependen de una dotación presupuestaria, como son normas de funcionamiento donde la prohibición y la sospecha hacia los internos no sea la norma general; o la publicación anual de datos sobre CIE y expulsiones que permitan el oportuno seguimiento de los mismos a la sociedad civil y a los actores públicos encargados de su fiscalización.
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A la vista de todo ello y de la reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo declarando inaplicables o nulos algunos artículos del Reglamento, añadido a la sucesión de denuncias y falta de derechos en estas instalaciones, sobran razones para proceder al cierre de los CIE y avanzar en la búsqueda de otras alternativas. Recordamos, no obstante, que en tanto existan personas migrantes que sigan estando internas, sus derechos deben respetarse.
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Animamos a la comunidad cristiana y a la sociedad en general a estar alerta frente a estos espacios opacos que tanto sufrimiento personal y familiar generan, en los que encerramos a personas migrantes por una simple infracción administrativa, por no tener papeles.
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Si hace un año abrigábamos motivos para la esperanza, hoy los tenemos para la decepción y la preocupación. Pero, también, contamos con más razones que nunca para seguir acompañando a las personas migrantes en la defensa por sus derechos, con la convicción de que es el conjunto de la sociedad la que avanza cuando se respeta la dignidad de cada persona.
Tras a publicación hai un ano do Real Decreto 162/2014 sobre Regulamento de funcionamento e réxime interior dos Centros de Internamento de Estranxeiros (CIE), o Servizo Xesuíta a Migrantes e Cáritas Española fixeron pública unha nota de prensa na que, xunto a un balance ponderado do texto, valoraban positivamente algúns avances que se introducían no mesmo.
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Na devandita nota, ambas organizacións sinalabamos que «a existencia deste Regulamento beneficia tanto ás persoas internas como aos funcionarios e demais persoal dos centros pero, sobre todo, benefícianos a todos como sociedade» .
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O Regulamento, pola súa banda, manifestaba que «a experiencia adquirida desde a implantación dos centros de internamento, tanto desde o ámbito do Ministerio do Interior como desde o enfoque achegado por diversos organismos alleos ao devandito departamento e movementos e colectivos sociais de distinta índole, aconsellan que os centros (…) deban sufrir unha profunda reforma que traslade eses cambios demandados á propia estrutura e funcionamento dos mesmos».
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Desde a súa publicación, as nosas organizacións mantiveron unha posición permanente de diálogo e transparencia co Goberno, a través da Dirección Xeral da Policía, para solicitar a implementación daqueles aspectos recollidos na norma que consideramos fundamentais para garantir os dereitos das persoas internadas.
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Transcorrido máis dun ano da publicación, debemos manifestar publicamente que non se produciron practicamente avances de ningún tipo.
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Algúns aspectos que non se puxeron en marcha son os relativos á propia estrutura organizativa dos centros. Consideramos especialmente relevante que:
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- Non se nomearon os administradores responsables dos servizos asistenciais nin os médicos da Administración Xeral do Estado responsables dos servizos médicos. Tampouco se constituíron as Xuntas de Coordinación, figura fundamental para a planificación e seguimento dos servizos sanitarios, asistenciais e sociais nos centros.
- Algúns CIE seguen sen ter un réxime xeral de acceso de ONG.
- Non hai servizos de asistencia social en todos os CIE, decisivos para un acompañamento persoal adecuado ás persoas internas e imprescindibles á hora de detectar posibles perfís vulnerables como menores, solicitantes de protección internacional ou vítimas de trata.
- Os servizos de asistencia sanitaria, responsables non só da asistencia médica e farmacéutica dos CIE, senón da supervisión das condicións hixiénico-sanitarias dos mesmos , non se prestan nas condicións necesarias. Non hai enfermarías.
- Nos Centros non existe un servizo de tradutores estable nin accesible cando é necesario.
- Na maioría dos CIE non hai unha canle directa de queixa das persoas internas ao xuíz de control. A súa figura segue sendo descoñecida para a maioría das persoas internadas.
- Tampouco se realizaron melloras substanciais nas instalacións, salvo aquelas motivadas por «razóns de seguridade», como, por exemplo, a instalación dunha malla metálica no patio do Centro de Internamento de Madrid. Neste sentido, persisten graves deficiencias de habitabilidade sinaladas polo Defensor do Pobo, Fiscalía e os xulgados de control.
- Moitas das razóns aducidas para non acometer estas melloras baséanse na falta de recursos, algo que con todo non parece ser óbice para a construción de novos CIE . Doutra banda, na nota de prensa do Ministerio sobre aprobación do Regulamento manifestábase que o Regulamento viña acompañando dun incremento dos recursos económicos .
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Tampouco se constatan avances en cuestións que non dependen dunha dotación orzamentaria, como son normas de funcionamento onde a prohibición e a sospeita cara aos internos non sexa a norma xeral; ou a publicación anual de datos sobre CIE e expulsións que permitan o oportuno seguimento dos mesmos á sociedade civil e aos actores públicos encargados da súa fiscalización.
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Á vista de todo iso e da recente sentenza ditada polo Tribunal Supremo declarando inaplicables ou nulos algúns artigos do Regulamento, engadido á sucesión de denuncias e falta de dereitos nestas instalacións, sobran razóns para proceder ao peche dos CIE e avanzar na procura doutras alternativas. Lembramos, non obstante, que en tanto existan persoas migrantes que sigan estando internas, os seus dereitos deben respectarse.
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Animamos á comunidade cristiá e á sociedade en xeral a estar alerta fronte a estes espazos opacos que tanto sufrimento persoal e familiar xeran, nos que encerramos a persoas migrantes por unha simple infracción administrativa, por non ter papeis.
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Se hai un ano abrigabamos motivos para a esperanza, hoxe témolos para a decepción e a preocupación. Pero, tamén, contamos con máis razóns que nunca para seguir acompañando ás persoas migrantes na defensa polos seus dereitos, coa convicción de que é o conxunto da sociedade a que avanza cando se respecta a dignidade de cada persoa.