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18 Mar

INFORME SOBRE «LA SITUACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES ACOMPAÑADOS POR CÁRITAS”»INFORME SOBRE «A SITUACIÓN SOCIAL DOS INMIGRANTES ACOMPAÑADOS POR CÁRITAS»

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CÁRITAS ALERTA SOBRE LA GRAVE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE AFECTA A LOS INMIGRANTES A LOS QUE ATIENDE

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Cáritas Española ha hecho público un informe sobre “La situación social de los inmigrantes acompañados por Cáritas”, elaborado por el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas en el que, a partir de datos aportados por el 80 por ciento de las Cáritas Diocesanas de todo el país (54 de un total de 68), se analizan cuáles están siendo los efectos sociales de la crisis en las personas inmigrantes que son atendidas por los distintos programas y servicios de la Confederación en toda España.

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El Informe aborda cuestiones como el alcance de las situaciones que están limitando el acceso de las personas inmigrantes atendidas por Cáritas en su acceso y ejercicio a derechos básicos (como trabajo, vivienda, salud, educación y entorno), así como las circunstancias y dificultades jurídicas con las que se encuentran al hacer frente a cuestiones como la reagrupación familiar, al arraigo y a las autorizaciones de residencia y trabajo. Asimismo, en el informe se analizan las actitudes y percepciones de la sociedad ante la inmigración, y la política social pública en materia de inmigración.

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Como ha señalado el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, “consideramos muy oportuno este informe por varios  motivos: la entrada en vigor hace poco más de un año de la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX), que ha tenido consecuencias prácticas sobre la vida de los migrantes, sobre nuestra intervención y sobre la propia construcción social, así como el contexto económico y social de ajuste frente a la crisis, que ha convertido la inmigración en un asunto de discrepancia y conflicto”. Asimismo, se ha referido al “claro endurecimiento del discurso público en el ámbito político, tanto a nivel nacional como autonómico y local, junto a un recorte considerable en los últimos años en las partidas asignadas a temas de integración” y la consolidación de “una percepción social cada vez más negativa sobre el fenómeno de la inmigración, que refuerza una imagen del inmigrante como competidor”.

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El Informe constata la presencia importante de inmigrantes en los servicios de Acogida y Atención primaria de Cáritas; en 2009, de las 786.273 personas atendidas, algo más de la mitad, unos 407.000, eran inmigrantes. Y un tercio de ellos, aproximadamente 150.000, se encuentran en situación administrativa irregular.

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Entre las constataciones que recoge el Informe –y que fueron detalladas por Ana Abril, directora del Área de Desarrollo Social e Institucional– se señalan las barreras con las que se encuentran a la hora de acceder al Padrón Municipal, en su mayoría motivadas por una dudosa interpretación de la legislación vigente que desvirtúa la propia naturaleza del Padrón. “Limitar el empadronamiento a los inmigrantes –se afirma– supone de hecho restringir el acceso al resto de derechos sociales (salud, educación, vivienda y empleo), e impedir la integración económica, política y  social de estas personas en nuestra sociedad”.

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El desempleo y los problemas de precarización y explotación laboral es otra de las “sangrías” de la situación social de los inmigrantes atendidos por Cáritas. De hecho, el 60 por ciento de los inmigrantes que acuden a Cáritas están en paro. Y los que tienen un puesto de trabajo lo hacen en empleos con una mayor tasa de temporalidad, en sectores de actividad más precarios y mal remunerados. Además, se están multiplicando las situaciones de explotación laboral, sin contrato ni seguridad social que sufren los inmigrantes que recurren a la economía sumergida como única vía para sobrevivir.

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En el capítulo de la vivienda, el informe recoge las graves dificultades con las que se encuentran los inmigrantes ante el pago de hipotecas, además del aumento de situaciones de hacinamiento y su elevada movilidad residencial. Aún así, estas personas  no muestran unas tasas de morosidad mayores que las de los ciudadanos autóctonos, como tampoco se detectan dificultades significativas de convivencia con la población local.

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Situación jurídica

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El apartado dedicado a abordar la situación jurídica de los inmigrantes acompañados por Cáritas se centra en el problema del incremento de las situaciones de irregularidad sobrevenida. Los agentes de las distintas Cáritas Diocesanas señalan que un tercio del total de personas inmigrantes acompañados se encuentran en situación administrativa irregular y expresan su alarma sobre el preocupante incremento de las situaciones de irregularidad sobrevenida al no poder renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo. La causa principal de ello ha sido la rigidez de las condiciones exigidas para la renovación.

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Para Cáritas, como señala el Informe, este hecho “evidencia los riesgos y las posibles fracturas sociales de una política migratoria que únicamente se configura en torno al mercado laboral y que no toma en cuenta a los inmigrantes como personas, con vínculos y relaciones familiares”. “Estas situaciones –se añade– son más graves de lo que han sido nunca, porque no sólo afectan al inmigrante, sino a todos los reagrupados vinculados a él. Son personas y familias que, por falta de previsión, se ven condenadas a vivir en la clandestinidad y abocados a trabajar en la economía sumergida”.

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Dentro de este mismo capítulo, el Informe apunta también a la ausencia de contrato de trabajo como la mayor dificultad a la que se enfrentan los inmigrantes a la hora de gestionar el arraigo, lo que es consecuencia directa del impacto de la crisis en estas personas. Asimismo, en cuanto a la reagrupación familiar, se advierte que las mayores barreras están en las condiciones económicas del reagrupante, las condiciones de la vivienda de éste y los obstáculos en la gestión con los consulados.

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Política social pública

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El informe revela que en más de la mitad del territorio del Estado, se han eliminado, sobre todo, servicios orientados hacía la integración de los inmigrantes, seguidos de aquellos dirigidos hacia la atención primaria y la acogida, y, en menor medida, los servicios de mediación, asesoramiento y acompañamiento jurídico. Esta situación está provocando que Cáritas esté supliendo al Estado a la hora de atender a las personas inmigrantes.

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Este cierre de servicios viene motivado por los sucesivos recortes presupuestarios producidos en temas de integración, que tienen como caso más paradigmático el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes, que ha sufrido un recorte de un 70%, al pasar de una dotación de 200 millones de euros (2008) a los apenas 61 millones (2011).

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Junto a ello, se denuncian las incoherencias y contradicciones entre lo que algunos representantes públicos dicen en sus discursos sobre integración y convivencia, y las medidas prácticas que las diversas Administraciones implementan en la acción social pública. Además, algunas Cáritas señalan cómo algunos de esos representantes “están aprovechando la coyuntura actual para sacar rédito electoral, con unos discursos que claramente suponen un obstáculo para  la convivencia y la cohesión social”.

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“Las preocupantes declaraciones lanzadas por algunos responsables políticos durante todo el año (negativa a empadronar extranjeros en situación irregular, la problemática concerniente a la discusión sobre los mínimos de habitabilidad de las viviendas, la sanción a los caseros que permitan o promuevan el hacinamiento, la cuestión del velo o el tan socorrido contrato de integración) se insertan en una dialéctica electoral en las que el migrante se convierte en un arma arrojadiza” se lee en el Informe.

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Otro aspecto que se recoge es el aumento de los controles de identificación a los inmigrantes en locutorios, parques, e intercambiadores de transporte público, unas prácticas que se han hecho extensivas también a los propios recursos y dispositivos que Cáritas tiene para la acogida de inmigrantes, a los que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado acceden con distinta periodicidad para solicitar información de carácter personal sobre los inmigrantes acogidos en esos centros.

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Percepción social y actitudes ante la inmigración

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Se detecta, en otro de los apartados, un aumento en la percepción negativa de la inmigración por parte la sociedad, inducida, sobre todo, por la situación económica de los últimos tres años. Se constata un aumento de prejuicios racistas y xenófobos en nuestros barrios y ciudades, y que, en la actual situación de crisis, se culpe a los inmigrantes de mucha de la precariedad económica y social que sufrimos. El “otro” se siente como amenaza en el acceso a recursos sociales (prestaciones sociales –como becas o supuestas “ventajas” fiscales– y sanitarias) y laborales (empleo).

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Propuestas

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El capítulo final del Informe incluye una serie de propuestas dirigidas a garantizar el acceso de los inmigrantes a los derechos sociales básicos. Merecen destacarse las siguientes:

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–     Garantizar el acceso al Padrón Municipal.

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–     Elaborar un Plan Integral de Lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, en el que se reconozcan las medidas de protección y los supuestos de personas víctimas, y cuyo ámbito de aplicación se extienda tanto a personas extranjeras como españolas o comunitarias.

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–     Ratificar la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias.

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–    Modificar la normativa para solucionar el problema del impago de hipotecas, mediante una reforma legislativa urgente de nuestro sistema hipotecario que proteja a las familias de las graves situaciones que están sufriendo en este tema. Cáritas propone que se adopte el sistema anglosajón de dación en pago.

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–     Habilitar soluciones para los inmigrantes en situación administrativa irregular. El Gobierno debe articular medidas que permitan erradicar las situaciones de vulnerabilidad e indefensión que sufren estas personas como consecuencia de su situación administrativa, promoviendo un paquete de derechos básicos de ciudadanía social que les garantice el acceso en igualdad de condiciones a estos derechos.

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–     Detener las situaciones de irregularidad sobrevenida. Se deberían retirar alguna de las exigencias documentales que se incluyen en el borrador de Reglamento de extranjería con respecto a la renovación de algunas autorizaciones (como la de reagrupación familiar).

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–     Velar por el cumplimiento estricto de la ley en los controles selectivos. Debemos prevenir sobre uno de los mensajes implícitos que estas prácticas traen consigo y que ponen en peligro la convivencia al asociar inmigración a delito. Es urgente que todos recordemos, una vez más, que encontrarse en situación irregular NO es un delito.

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–     Limitar el acceso de las fuerzas de seguridad a nuestros centros y servicios. Cáritas supone para muchos ciudadanos, migrantes o no, un lugar de acogida, de refugio, de escucha, de seguridad. No podemos poner en riesgo este principio de intervención. Por tanto, pedimos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado accedan a los dispositivos de Cáritas para solicitar información sobre los datos personales de los residentes únicamente en aquellos casos en los que medie una situación de peligro real (excepcional, por tanto) o para intervenir ante una infracción penal (situación individual).

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–     Incrementar la dotación presupuestaria para los servicios destinados a la Integración.

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–     De cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, solicitamos a todos nuestros representantes que se pongan manos a la obra para impulsar un Acuerdo marco por la Inmigración sobre el que cimentar una sociedad de acogida más plural y cohesionada.

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–     Detener las actitudes racistas y xenófobas mediante campañas y acciones que combatan los estereotipos que alimentan acciones de discriminación, racismo y xenofobia, y contribuyan a convertir los barrios de nuestras ciudades en comunidades más acogedoras.

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CÁRITAS ALERTA SOBRE A GRAVE SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE QUE AFECTA AOS INMIGRANTES QUE ATENDE

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Cáritas Española fixo público un informe sobre a situación social dos inmigrantes acompañados por Cáritas€, elaborado polo Observatorio da Realidade Social de Cáritas no que, a partir de datos achegados polo 80 por cento das Cáritas Diocesanas de todo o país (54 dun total de 68), analízanse cales están a ser os efectos sociais da crise nas persoas inmigrantes que son atendidas polos distintos programas e servizos da Confederación en toda España.

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O Informe aborda cuestións como o alcance das situacións que están a limitar o acceso das persoas inmigrantes atendidas por Cáritas no seu acceso e exercicio a dereitos básicos (como traballo, vivenda, saúde, educación e contorna), así como as circunstancias e dificultades xurídicas coas que se atopan ao facer fronte a cuestións como a reagrupación familiar, ao arraigamento e ás autorizacións de residencia e traballo. Así mesmo, no informe analízanse as actitudes e percepcións da sociedade ante a inmigración, e a política social pública en materia de inmigración.

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Como sinalou o secretario xeral de Cáritas, Sebastián Moura, €œconsideramos moi oportuno este informe por varios  motivos: a entrada en vigor hai pouco máis dun ano da Lei Orgánica de Estranxeiría (LOEX), que tivo consecuencias prácticas sobre a vida dos migrantes, sobre a nosa intervención e sobre a propia construción social, así como o contexto económico e social de axuste fronte á crise, que converteu a inmigración nun asunto de discrepancia e conflito€. Así mesmo, referiuse ao “claro endurecemento do discurso público no ámbito político, tanto a nivel nacional como autonómico e local, xunto a un recorte considerable nos últimos anos nas partidas asignadas a temas de integración” e a consolidación de “unha percepción social cada vez máis negativa sobre o fenómeno da inmigración, que reforza unha imaxe do inmigrante como competidor€.

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O Informe constata a presenza importante de inmigrantes nos servizos de Acollida e Atención primaria de Cáritas; en 2009, das 786.273 persoas atendidas, algo máis da metade, uns 407.000, eran inmigrantes. E un terzo deles, aproximadamente 150.000, atópanse en situación administrativa irregular.

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Entre as constatacións que recolle o Informe €“e que foron detalladas por Ana Abril, directora da área de Desenvolvemento Social e Institucional– sinálanse as barreiras coas que se atopan á hora de acceder ao Padrón Municipal, na súa maioría motivadas por unha dubidosa interpretación da lexislación vixente que desvirtúa a propia natureza do Padrón. €œLimitar o empadroamento aos inmigrantes €“afírmase– supón de feito restrinxir o acceso ao resto de dereitos sociais (saúde, educación, vivenda e emprego), e impedir a integración económica, política e  social destas persoas na nosa sociedade€.

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O desemprego e os problemas de precarización e explotación laboral é outra das sangrías€ da situación social dos inmigrantes atendidos por Cáritas. De feito, o 60 por cento dos inmigrantes que acoden a Cáritas están en paro. E os que teñen un posto de traballo fano en empregos cunha maior taxa de temporalidade, en sectores de actividade máis precarios e mal remunerados. Ademais, están a multiplicarse as situacións de explotación laboral, sen contrato nin seguridade social que sofren os inmigrantes que recorren á economía mergullada como única vía para sobrevivir.

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No capítulo da vivenda, o informe recolle as graves dificultades coas que se atopan os inmigrantes ante o pago de hipotecas, ademais do aumento de situacións de hacinamiento e a súa elevada mobilidade residencial. Aínda así, estas persoas  non mostran unhas taxas de morosidade maiores que as dos cidadáns autóctonos, como tampouco se detectan dificultades significativas de convivencia coa poboación local.

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Situación xurídica

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O apartado dedicado a abordar a situación xurídica dos inmigrantes acompañados por Cáritas céntrase no problema do incremento das situacións de irregularidade sobrevida. Os axentes das distintas Cáritas Diocesanas sinalan que un terzo do total de persoas inmigrantes acompañados atópanse en situación administrativa irregular e expresan a súa alarma sobre o preocupante incremento das situacións de irregularidade sobrevinda ao non poder renovar as súas autorizacións de residencia e traballo. A causa principal diso foi a rixidez das condicións esixidas para a renovación.

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Para Cáritas, como sinala o Informe, este feito “evidencia os riscos e as posibles fracturas sociais dunha política migratoria que unicamente se configura en torno ao mercado laboral e que non toma en conta aos inmigrantes como persoas, con vínculos e relacións familiares€. €œEstas situacións €“engádese– son máis graves do que foron nunca, porque non só afectan ao inmigrante, senón a todos os reagrupados vinculados a el. Son persoas e familias que, por falta de previsión, ven condenadas a vivir na clandestinidade e abocados a traballar na economía mergullada€.

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Dentro de leste mesmo capítulo, o Informe apunta tamén á ausencia de contrato de traballo como a maior dificultade á que se enfrontan os inmigrantes á hora de xestionar o arraigamento, o que é consecuencia directa do impacto da crise nestas persoas. Así mesmo, en canto á reagrupación familiar, advírtese que as maiores barreiras están nas condicións económicas do reagrupante, as condicións da vivenda deste e os obstáculos na xestión cos consulados.

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Política social pública

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O informe revela que en máis da metade do territorio do Estado, elimináronse, sobre todo, servizos orientados facía a integración dos inmigrantes, seguidos daqueles dirixidos cara á atención primaria e a acollida, e, en menor medida, os servizos de mediación, asesoramento e acompañamento xurídico. Esta situación está a provocar que Cáritas estea a suplir ao Estado á hora de atender ás persoas inmigrantes.

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Este peche de servizos vén motivado polos sucesivos recortes orzamentarios producidos en temas de integración, que teñen como caso máis paradigmático o Fondo para a Acollida, Integración e Reforzo Educativo dos Inmigrantes, que sufriu un recorte dun 70%, ao pasar dunha dotación de 200 millóns de euros (2008) aos apenas 61 millóns (2011).

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Xunto a iso, denúncianse as incoherencias e contradicións entre o que algúns representantes públicos din nos seus discursos sobre integración e convivencia, e as medidas prácticas que as diversas Administracións implementan na acción social pública. Ademais, algunhas Cáritas sinalan como algúns deses representantes €œestán a aproveitar a conxuntura actual para sacar rédito electoral, cuns discursos que claramente supoñen un obstáculo para  a convivencia e a cohesión social€.

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€œAs preocupantes declaracións lanzadas por algúns responsables políticos durante todo o ano (negativa a empadroar estranxeiros en situación irregular, a problemática concernente á discusión sobre os mínimos de habitabilidade das vivendas, a sanción aos caseiros que permitan ou promovan o hacinamiento, a cuestión do veo ou o tan socorrido contrato de integración) insérense nunha dialéctica electoral nas que o migrante convértese nunha arma arreboladiza€ lese no Informe.

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Outro aspecto que se recolle é o aumento dos controis de identificación aos inmigrantes en locutorios, parques, e intercambiadores de transporte público, unhas prácticas que se fixeron extensivas tamén aos propios recursos e dispositivos que Cáritas ten para a acollida de inmigrantes, aos que os corpos e forzas de seguridade do Estado acceden con distinta periodicidade para solicitar información de carácter persoal sobre os inmigrantes acollidos neses centros.

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Percepción social e actitudes ante a inmigración

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Detéctase, noutro dos apartados, un aumento na percepción negativa da inmigración por parte a sociedade, inducida, sobre todo, pola situación económica do últimos tres anos. Constátase un aumento de prexuízos racistas e xenófobos nos nosos barrios e cidades, e que, na actual situación de crise, cúlpese aos inmigrantes de moita da precariedade económica e social que sufrimos. O “outro” sente como ameaza no acceso a recursos sociais (prestacións sociais –como bolsas ou supostas “vantaxes” fiscais– e sanitarias) e laborais (emprego).

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Propostas

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O capítulo final do Informe inclúe unha serie de propostas dirixidas a garantir o acceso dos inmigrantes aos dereitos sociais básicos. Merecen destacarse as seguintes:

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–        Garantir o acceso ao Padrón Municipal.

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–       Elaborar un Plan Integral de Loita contra trátaa de seres humanos con fins de explotación laboral, no que se recoñezan as medidas de protección e os supostos de persoas vítimas, e cuxo ámbito de aplicación esténdase tanto a persoas estranxeiras como españolas ou comunitarias.

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–       Ratificar a Convención Internacional das Nacións Unidas sobre a protección dos dereitos de todos os traballadores migrantes e as súas familias.

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–       Modificar a normativa para solucionar o problema da falta de pagamento de hipotecas, mediante unha reforma lexislativa urxente do noso sistema hipotecario que protexa ás familias das graves situacións que están a sufrir neste tema. Cáritas propón que se adopte o sistema anglosaxón de dación en pago.

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–      Habilitar solucións para os inmigrantes en situación administrativa irregular. O Goberno debe articular medidas que permitan erradicar as situacións de vulnerabilidade e indefensión que sofren estas persoas como consecuencia da súa situación administrativa, promovendo un paquete de dereitos básicos de cidadanía social que lles garanta o acceso en igualdade de condicións a estes dereitos.

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–        Deter as situacións de irregularidade sobrevinda. Deberíanse retirar algunha das esixencias documentais que se inclúen no borrador de Regulamento de estranxeiría con respecto á renovación dalgunhas autorizacións (como a de reagrupación familiar).

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–      Velar polo cumprimento estrito da lei nos controis selectivos. Debemos previr sobre un das mensaxes implícitas que estas prácticas traen consigo e que pon en perigo a convivencia ao asociar inmigración a delito. É urxente que todos lembremos, unha vez máis, que atoparse en situación irregular NON é un delito.

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–       Limitar o acceso das forzas de seguridade aos nosos centros e servizos. Cáritas supón para moitos cidadáns, migrantes ou non, un lugar de acollida, de refuxio, de escoita, de seguridade. Non podemos pór en risco este principio de intervención. Por tanto, pedimos que as forzas e corpos de seguridade do Estado accedan aos dispositivos de Cáritas para solicitar información sobre os datos persoais dos residentes unicamente naqueles casos nos que medie unha situación de perigo real (excepcional, por tanto) ou para intervir ante unha infracción penal (situación individual).

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–      Incrementar a dotación orzamentaria para os servizos destinados á Integración.

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–      De face ás próximas eleccións municipais e autonómicas, solicitamos a todos os nosos representantes que se poñan ao choio para impulsar un Acordo marco pola Inmigración sobre o que cimentar unha sociedade de acollida máis plural e cohesionada.

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–      Deter as actitudes racistas e xenófobas mediante campañas e accións que combatan os estereotipos que alimentan accións de discriminación, racismo e xenofobia, e contribúan a converter os barrios das nosas cidades en comunidades máis acolledoras.

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