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02 Abr

La renta mínima se les ha concedido al 22 % de los gallegos que la solicitaron

Las oenegés dicen que las ayudas disponibles no llegan y son insuficientes

Entrevista en La Voz de Galicia a Anuncio Mouriño, director diocesano de Cáritas Santiago

 C.PORTEIRO
REDACCIÓN / LA VOZ

«Hay quienes se han quedado sin pagar los pisos. Estamos abonando de tres a cinco meses pendientes. El martes pasado autorizamos el pago de facturas de una persona por casi 1.000 euros. Están sin gas desde hace meses. Así han pasado el invierno entero». Quien describe esta fotografía de la pandemia es el coordinador de Cáritas en Galicia, José Anuncio Mouriño. Detrás de las imágenes de hospitales colapsados y terrazas al sol se esconde la terrible realidad social y económica de la crisis: quienes habían logrado superar los avatares de la recesión del 2008 han vuelto a llamar a las puertas de la organización. Con todo lo que eso significa. A sus locales llega gente «destrozada y deshecha», explica Mouriño. También llaman caras nuevas, gente que jamás pensó que tendría que acudir a la beneficencia.

Durante la pandemia Cáritas aumentó un 10 % las ayudas de emergencia, un 47 % la cobertura de necesidades básicas y un 132 % los gastos asociados a la educación de los menores de familias pobres. Y lo peor está por llegar. Las oenegés gallegas se preparan La renta mínima se les ha concedido al 22 % de los gallegos que la solicitaron para otra oleada cuando se retiren los ERTE, que hoy protegen a 45.387 empleados en la comunidad. El goteo ya ha empezado. En los tres primeros meses del 2021 se han disparado las ayudas para pagar alquileres. La pregunta que se hacen todos es: ¿por qué no llegan las ayudas? «El ingreso mínimo vital (IMV) no está funcionando. Lo digo así de claro. No se están dando y no son suficientes. Con 400 euros no puede vivir nadie. Solo por un piso en Santiago ya se paga más. Y no se trata de sobrevivir, sino de vivir con dignidad», denuncia Mouriño, muy crítico además con la gestión de la prestación. Apunta que hay más gente de la que se cree que es analfabeta o pobre digital, que no sabe o no tiene acceso a Internet. Dependen de una cita presencial que nunca llega para solicitar la renta mínima.

La burocracia es tan farragosa, y los criterios tan estrictos, que muchos ni lo intentan. Solo 52.807 de las 540.000 personas que estaban en riesgo de pobreza en Galicia antes de la pandemia han pedido la renta mínima, y eso que está por cuantificar quiénes han caído en ella en el último año. Al menos 102.600 personas ya sufrían entonces carencias materiales graves. ¿Qué hay del resto? El 80 % de los gallegos que recibían la renta de integración social de Galicia (risga) se han quedado con la prestación autonómica (8.421 personas), según datos facilitados por la Consellería de Política Social. La diferencia económica respecto al IMV es tan pequeña que prefieren no arriesgarse a hacer el trasvase y quedarse atascados en la cola invisible de la Seguridad Social.

A tenor de las estadísticas, fue una elección acertada, porque solo dos de cada diez solicitudes (11.546) han sido aceptadas en Galicia. Más que la media española (17 % de las solicitudes aprobadas). Casi cuatro de cada diez solicitantes (18.704) siguen esperando respuesta en la comunidad. La cuantía media de la prestación apenas alcanza los 468 euros y no todos a los que se les ha concedido el IMV lo están cobrando. En el caso de la risga, esa cuantía es ligeramente inferior, aunque se introducirán cambios: « Para adecuar a risga ao novo escenario xa están en marcha os traballos para a reforma da Lei de Inclusión Social de Galicia, que culminarán coa aprobación deste novo texto legal no vindeiro 2022», aseguran desde Política Social.

Habrá que esperar otro año. Esas son las cifras oficiales, pero en ellas no están reflejados los colectivos que han quedado fuera del sistema: ciudadanos cuyas rentas en el 2019 superaron los umbrales fijados por el Gobierno, las personas sin hogar y los empleados en situación irregular que trabajaban en la economía sumergida, muchos explotados.

Excluidos

«Para el Estado, ellos no existen. Quedaron tirados», lamenta Mouriño. El perfil del demandante no ha cambiado, pero cada vez llegan más mujeres solteras con hijos. Prescinden de comidas para no privar de alimentos a sus hijos. Además del dolor de verse arrastradas a pedir ayuda también se suma el estigma social y la ausencia total de medidas políticas en la última década para acabar con la pobreza crónica en España, que alcanza niveles difíciles de ver en el resto de la Unión Europea: «No se actuó bien. Políticamente no se pusieron los medios. El hijo del pobre es pobre. Aquí la pobreza se hereda. El sistema económico funciona así y no se le da solución. La pobreza está enquistada y cuando llueve siempre llueve por los mismos», denuncia Mouriño

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