LA VIVIENDA ASFIXIA A MÁS DE TRES MILLONES DE HOGARES
El 16,8% de las familias quedan por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagada la vivienda y los suministros básicos
El 16% de la población en alquiler experimenta un nivel extremo de estrés financiero: destinan más del 60% de sus ingresos al pago del alquiler
En los últimos años, la vivienda se ha convertido en un gran pozo sin fondo para numerosas familias, sobre todo para aquellas con menos ingresos. Los gastos relacionados con el pago de la casa y sus suministros son -con diferencia- los que más se han incrementado en los presupuestos familiares, desequilibrando así las economías de millones de familias en nuestro país. Así se refleja el informe ‘Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida’.
Las familias con menos ingresos invierten más de seis de cada 10 euros (63%) a gastos de vivienda, suministros y alimentación frente a los menos de cuatro de cada 10 euros que gastan las familias con mayor nivel de ingresos. Tres millones de hogares (16,8%) quedan además por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagado estos gastos básicos.
Vivienda, factor determinante
La vivienda se presenta como el factor determinante que desequilibra la ecuación «ingresos menos gastos». Según el último dato de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (2022), el número de familias que no pudieron mantener su vivienda a una temperatura adecuada aumentó un 189% con respecto a 2008. En concreto, el gasto en electricidad aumentó un 82%, mientras que en el caso de los combustibles líquidos para el suministro de calefacciones fue del 180%.
El esfuerzo que debe hacer una familia para adquirir un techo donde vivir también está al alza. Hoy son necesarios 7,7 años de renta bruta anual para comprar una vivienda contra los 2,9 años que eran necesarios en 1987.
La compra de una vivienda no es la única causa de tensión que sufren las economías domésticas. La mitad de las familias que cuentan con una casa en alquiler también sufren estrés financiero. Según datos de EINSFOESSA un tercio de la población en alquiler están en situación de estrés moderado y, lo que es aún más preocupante, el 16% de la población en alquiler experimenta un nivel extremo de estrés financiero. Esto quiere decir que el pago del alquiler supone más del 60% de sus ingresos.
Fórmulas para subsistir
En un intento por encontrar soluciones económicas y sostenibles, cada vez más familias se ven obligadas a recurrir a fórmulas como el subarriendo de habitaciones. En apenas cinco años, el porcentaje de familias con esta casuística ha experimentado un notorio aumento, llegando al 6,6% en 2022 (más de 1,2 millones de hogares).
También se está registrando un incremento notorio en el número de familias que residen en viviendas inseguras, llegando al 23,2% , lo que implica que más de 4,2 millones de hogares viven en pisos compartidos o cedidos sin contrato en vigor o en situación de desahucio. De manera paralela, la cifra de familias que habitan viviendas inadecuadas, aquellas que no cumplen con las condiciones mínimas dignas para la vida cotidiana, también ha experimentado un preocupante aumento pasando del 25% en 2018 al 30% en 2021 (5,6 millones de familias).
Seis propuestas
La dificultad de acceso a viviendas dignas y a precios asequibles se presenta, por tanto, como uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. “Desde Cáritas y la Fundación Foessa, una vez más, abrazamos este desafío y llamamos a la acción conjunta. Este informe nos recuerda que, como sociedad, debemos comprometernos a construir un futuro en el que nadie se vea excluido y donde las condiciones de vida dignas sean una realidad para todos los ciudadanos”, afirmó la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro.
El estudio propone algunas consideraciones tanto en la esfera de los ingresos como en la de los gastos para mejorar el equilibrio financiero de los hogares. Para ello considera decisivo:
- Acciones concretas y efectivas de intervención para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada. Por un lado, es decisivo ampliar el número de viviendas sociales en alquiler, lo que brindaría a las familias una opción accesible y segura para obtener viviendas de calidad a precios asequibles. Por otro, incrementar el número de viviendas de emergencia, lo que garantizaría un refugio a familias en situaciones de extrema necesidad y, en última instancia, que nadie se quedase sin techo por adversidades económicas.
- Planificar y coordinar políticas de empleo focalizadas en los colectivos con un acceso más complicado al mercado laboral y que tenga en cuenta la situación personal y familiar de la persona trabajadora, facilitando la conciliación; un acceso a la formación que no sea exclusivamente online para evitar la brecha digital, y programas formativos acompañados de acciones socio educativas para las personas que constituyen colectivos prioritarios.
- Abordar la precariedad laboral desde una perspectiva integral. Para lograrlo, debemos trazar un camino que continúe en la senda de la reducción de la temporalidad en los contratos y la parcialidad en las jornadas, permitiendo que más personas accedan a empleos a tiempo completo con todos los beneficios que ello conlleva. Y, por último, en esta lucha contra la precariedad, también se deben mejorar los ingresos, garantizando que estos sean justos y reflejen adecuadamente su contribución a la sociedad.
- Realizar los cambios legislativos necesarios para que las trabajadoras del hogar, en su gran mayoría, mujeres, alcancen una equiparación plena de derechos laborales y de seguridad social.
- Establecer un sistema de garantía de ingresos mínimos con cobertura suficiente, alcanzando al conjunto de la población en situación de pobreza severa, incluidas las personas en situación administrativa irregular.Pero también se hacen necesarios la simplificación normativa o la posibilidad de que las prestaciones se asignen automáticamente a las personas que cumplan los requisitos sin necesidad de que éstas tengan que ser quienes las soliciten.
- El mencionado sistema de garantía de ingresos mínimos también debe ofrecer suficiencia en los montos, es decir, que estén de acuerdo tanto a los precios reales y al coste de la vida, como a la composición familiar. Además, es necesario el compromiso tanto del Estado central como de las autonomías ofreciendo complementariedad entre las prestaciones brindadas por cada uno de los niveles de la administración pública.